1ª Evaluación

sábado, 4 de marzo de 2017

Resumen de La reforma Agraria de 1932 del libro de texto



RESUMEN DE LA REFORMA AGRARIA 
               
(Pag. 230)

El problema de la tierra en España
La situación del campo español estaba marcada por la estructura de la propiedad de la tierra, con zonas de latifundio y de minifundio, ambas con una bajo nivel productivo y que dificultaban la introducción de nuevas técnicas de cultivo.
Por un lado, los propietarios de los grandes latifundios eran reacios al riesgo y no tenían interés por el cultivo eficiente de sus tierras. La extrema diferencia entre propietarios y campesinos provocó una gran conflictividad social. Las protestas se debieron a las malas cosechas, que reducían el número de trabajadores y aumentaban el precio de los alimentos. Pero según se desarrollaban las asociaciones campesinas, la movilización fue vinculándose a la demanda de una reforma agraria que permitiese a los campesinos acceder a la propiedad de la tierra.
Por otro lado, en los minifundios de Galicia las mejoras agrícolas solo permitieron aumentar la producción de los cultivos hasta un nivel suficiente para la subsistencia, pero sin la obtención de beneficios y la modernización de las explotaciones. Esto forzó la emigración de la población

(pag 279)

La Reforma Agraria  
La idea de una reforma agraria recorre la historia en el pensamiento ilustrado con JOVELLANOS y durante el reinado de José I Bonaparte  y en el trienio liberal, aplicándose en el siglo XIX la desvinculación agraria y desamortizaciones de Mendizábal (supuso una mayor concentración de la propiedad) y Madoz (supuso la pérdida de numerosas tierras comunales de aprovechamiento vecinal por los vecinos) Afectó a los grupos privilegiados de la antigua sociedad estamental, la nobleza (supresión de señoríos y mayorazgos) y el clero (desamortizaciones, desaparición del diezmo...).
La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo existente en buena parte del centro y el sur de España y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres (jornaleros). Esta reforma era esencial teniendo en cuenta el papel que desempeñaba la agricultura en la economía española.

En 1931, la población activa era de unos 8,5 millones de personas y casi la mitad trabajaban en la agricultura, de las cuales unos 2 millones eran jornaleros (750000) arrendatarios y aparceros, y el resto, pequeños y medianos  propietarios. Asimismo, en Andalucía, Castilla y Extremadura, mas del 50 % de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de grandes propietarios.

Una serie de primeros decretos, que perseguían proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios, establecieron la prohibición de suspender los contratos de arrendamiento. También fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello.

Pero la verdadera reforma consistía en la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. El objetivo de la ley  era la modernización de la agricultura.
La ley permitía la expropiación sin indemnización de tierras de una parte de la nobleza (los grandes de España), mientras las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.

La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. Los resultados iniciales de la reforma agraria fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos ente (entre 1932 y 1934 se establecieron unas 12000 familias).
Las razones de este fracaso estarían en
             la complejidad de la propia ley,
             la lentitud 
             las dificultades burocráticas para su aplicación,
             la falta de presupuesto para poder indemnizar
             la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla.

La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social. Por un lado, los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los enemigos de la República consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y, viendo frustradas las esperanzas depositadas en la República, se orientaron hacia posturas mas revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden (ocupación de tierras, incendios de cortijos, reyertas con la Guardia Civil...).

(pag 274)

Las medidas urgentes del gobierno provisional
El gobierno provisional decretó una serie medidas de extrema urgencia:
             la concesión de una amnistía general a los presos políticos
             la proclamación de las libertades políticas y sindicales
             la designación de altos cargos de la administración.
Igualmente se proyectaron algunas tareas urgentes:
             la reforma del ejercito, 
             el inicio de negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica,
             medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierra por no poder pagar las rentas, así como actuaciones para afrontar la crisis económica
             Las promesas de-cambio. de la nueva República contaron con un amplio apoyo popular pero también con la animadversión de los grandes-propietarios agrícolas, la oligarquía financiera , parte del ejercito y la Iglesia.

El gobierno provisional decretó una serie medidas de extrema urgencia, entre ellas decretó medidas para proteger a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar las rentas, así como actuaciones para afrontar la crisis económica

( pag 275)

La Constitución de 1931
Los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas, y el ejecutivo quedo en manos de la coalición vencedora, que ratifico en sus cargos al jefe de gobierno Alcala Zamora, y a los ministros del gobierno provisional. Las Cortes  nombraron inmediatamente una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución, que fue aprobado en diciembre de 1931, después de intensos debates.

La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenia un marcado carácter democrático y progresista, que se evidencia en el articulo primero del titulo preliminar, donde se define a España como " una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia" y se establece que todos los poderes emanan del pueblo. La Constitución agrupaba los siguientes principios:
             El Estado se configuraba de forma "integral", pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
             El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara con atribuciones muy amplias. el poder ejecutivo recaía en el gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el jefe de gobierno, así como en el presidente de la República, jefe del Estado y representante institucional.
             El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.
             Se reconocía una amplia declaración de derechos y  libertades y existía una preocupación por los temas sociales.
             Se garantizaba la igualdad absoluta ante  la Ley, la educación y el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza.
             Se reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como una obligación social.
             Se establecía el voto desde los 23 años y, por primera vez se concedía el voto a las mujeres.
             se hacia una clara afirmación de la laicidad del Estado, al no declarar ninguna religión como oficial y al reconocer el matrimonio civil y el divorcio.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas y aunque fue aprobada por amplia mayoría (368 votos), existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha:, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y Autonómica. La aprobación de los artículos religiosos de la Constitución provocó  la dimisión de los sectores católicos del gobierno, por lo cual Manuel Azaña sustituyo en la jefatura del gobierno a Alcala Zamora, y  este pasó a ser presidente de la República.


(pag. 282)

La lentitud de las reformas y La voluntad  revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos fomentó la conflictividad laboral (huelgas generales) y la insurrección campesina con el fin de destruir el orden burgués existente. La conflictividad social alcanzo su punto álgido a partir de 1933, cuando a los intentos revolucionarios de la CNT se sumaron los sectores -radicales del socialismo encabezados por Largo Caballero, a través de la organización socialista del campo, la Federación de Trabajadores de la Tierra,.
Las Huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento
Estas revueltas campesinas consistían en tomar el Ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo libertario, y finalizaban con la llegada de las tropas de la Guardia Civil o de la Guardia de Asalto La posterior represión solía ser muy cruenta y en algunas ocasiones provocaba la  muerte de campesinos, como en el caso de Casa Viejas (Cadiz),

(Pag 285)

Durante el bienio conservador en el campo se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió total libertad de contratación. Lo que supuso una tendencia a la baja en los salarios de los jornaleros. Los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas.

(pag 291)

En 1936 con el gobierno del frente popular se reanudó el proceso reformista interrumpido en 1933 y se presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de campesinos.
Esperanzados con el cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas y socialistas defendían  la necesidad de acciones revolucionarias. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales; en el campo, especialmente en Andalucía y Extremadura  los jornaleros se adelantaban a la legislación. y ocupaban las tierras.
La  nueva  situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos propietarios  de tierras se opusieron a las medidas del gobierno; Falange Española fomentó un clima de  enfrentamiento civil y crispación política



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