LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)
LAS CAUSAS que motivaron la instauración del régimen republicano fueron
principalmente el agotamiento del sistema político de la Restauración y la
incapacidad de la monarquía de asumir sus errores durante la Dictadura. A
partir de abril de 1931 quedó claro que el descontento popular iba orientado
hacia una respuesta antimonárquica y pro republicana.
CONTEXTO
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron la victoria a las fuerzas políticas republicanas, sobre todo en las ciudades, lo que las convirtió en una especie de plebiscito contra la monarquía. En este contexto, Alfonso XIII, desprestigiado y solo, renunciará a la Corona y abandonará el país. Ese mismo día, se mezclaban las esperanzas revolucionarias de algunos y los 14 de abril se proclamó la II República en España. Esta fue recibida con celebraciones populares en las calles y en un ambiente festivo en el que deseos de reforma de otros.
Sin embargo, esta República nació en circunstancias difíciles tanto en el interior, como en el exterior. En el interior no todo el mundo la recibió con aclamaciones y contó desde el principio con la oposición y el boicot de la Iglesia y de la oligarquía del dinero. A nivel internacional, tuvo que hacer frente a la crisis económica más grave, hasta la fecha, del sistema capitalista (la de 1929, Crac de 1929) y además, a la crisis de las democracias occidentales y al ascenso de los regímenes autoritarios y fascistas en Europa,
y la implantación de la Unión Soviética.
La Segunda República pasó dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo. Tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos y amenazas desde arriba y desde abajo; pero el golpe definitivo le fue asestado desde arriba, desde una parte de las fuerzas armadas que se sublevaron contra ella con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad que nunca la aceptaron.
2. ETAPAS:
2.1. Gobierno provisional y Cortes Constituyentes (abril-diciembre de 1931):
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante
sufragio universal masculino. La victoria de los candidatos republicanos en las grandes ciudades dio paso a la proclamación de la Segunda República en diferentes localidades el 14 de abril y a la abdicación del rey. Ese mismo día se constituyó en Madrid un gobierno provisional que proclamó oficialmente la Segunda República española. Estaba compuesto por republicanos conservadores, republicanos de izquierda, republicanos radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. Quedaron fuera la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo revolucionario anarquista y comunista.
El gobierno provisional convocó para el 28 de junio elecciones a Cortes constituyentes y el triunfo fue para una coalición republicano-socialista. La jefatura de gobierno recayó en Niceto Alcalá Zamora. Las Cortes nombraron inmediatamente una comisión encargada de elaborar una nueva constitución, que fue aprobada en diciembre de 1931, después de intensos debates, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y a la autonómica.
La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo, con un marcado carácter democrático y progresista.
o La Jefatura del Estado recaía en un Presidente de la República. La separación de poderes establece el legislativo para unas Cortes unicamerales, el ejecutivo para el jefe de gobierno, el Consejo de Ministros y el presidente de la República, y el judicial recae en los tribunales con jueces independientes.
o La organización política y administrativa se basa en la concepción de España como un Estado integral, pero se acepta el derecho de autonomía de aquellas regiones que lo soliciten.
o Se reconocía una amplia declaración de libertades y derechos individuales políticos que se acompañó con el reconocimiento de derechos sociales (a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a la salud) y económicos (se reconoce la propiedad privada, pero se recoge el derecho de expropiación para nacionalizar y socializar en favor del interés general).
o También establece un régimen laico con la separación de Iglesia y Estado, el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio. Además elimina el presupuesto para el clero y el culto católicos y las órdenes religiosas no podrán ejercer la enseñanza.
o Se establecía el derecho de voto para mayores de 23 y, por primera vez, se concedía el voto a las mujeres.
2.2. El Bienio Reformista (1931-1933):
La
reforma religiosa: como Estado laico, la República promulgó una serie de leyes sobre el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. Además, con el objetivo de reducir el poder e influencia que la Iglesia, el gobierno intentó controlar las órdenes religiosas mediante la Ley de Congregaciones (1933) con la que el Estado regulaba y fiscalizaba las actividades de la órdenes religiosas y se otorgó la capacidad de disolver una orden si se convertía en un peligro para el Estado. Prohibió además a las congregaciones religiosas que siguieran desempeñando la docencia. Estas reformas provocaron la oposición de la jerarquía eclesiástica hacia la República.
La
reforma del ejército: el gobierno vio la necesidad de reformar el ejército español para convertirlo en un cuerpo militar moderno, profesional y fiel a la República. Para conseguir sus objetivos, se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931) que redujo el número de oficiales (uno de los grandes problemas del ejército español) al conceder el retiro con sueldo íntegro a los generales y oficiales que no prestasen juramento a la República. También se suprimió el fuero especial de los militares para someterlos al poder civil y se decidió cerrar la Academia General Militar de Zaragoza. El descontento y las tensiones dentro del ejército estallaron en la sublevación militar de Sanjurjo (10 de agosto de 1932), que fue sofocada.
La
reforma laboral: promovida por el ministro de trabajo Francisco Largo Caballero, la Ley de contratos de trabajo (1931) regulaba la negociación colectiva, el derecho a la huelga y a unas vacaciones pagadas, y la Ley de Jurados mixtos (1931) establecía un arbitraje vinculante en caso de desacuerdo, para resolver los conflictos entre patronos y trabajadores. La República estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los agricultores y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo.
La reforma educativa: En un país donde la tasa de analfabetos era superior al 30% y la Iglesia mantenía su hegemonía en la enseñanza primaria y secundaria, la República acomete la tarea de aplicar los principios liberales y democráticos en la enseñanza y crear un modelo educativo moderno, laico, público y gratuito. Por primera vez, el Estado debía garantizar que el derecho a la educación se extendiera a toda la población española. Esta reforma se centró sobre todo en la enseñanza primaria, con la fundación de 10.000 nuevas escuelas y 7.000 nuevas plazas de maestro, e incrementó el presupuesto educativo en un 50 %. El gobierno de la República también veía necesaria la mejora del nivel cultural de la población por lo que se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes como las llamadas Misiones Pedagógicas que llevaron el cine, el teatro, la poesía… a las áreas rurales y en las que colaboraron universitarios e intelectuales.
La
reforma de la organización del Estado: Al día siguiente de la proclamación en Madrid de la República, en
Cataluña, Francesc Maciá proclama la República catalana. Sin embargo, el
gobierno provisional, recién constituido, consiguió que Maciá reconsiderase esta decisión hasta que se aprobara la constitución. Mientras tanto le
fue reconocida la formación de un gobierno provisional (la Generalitat) que preparó un estatuto autonómico, el Estatuto de Nuria, aprobado por amplia mayoría en 1932. A partir de ese momento Cataluña contaría con un gobierno, un estatuto y un parlamento propios y con amplias competencias. También se prepararon estatutos de autonomía para Galicia y el País Vasco, pero tuvieron que esperar hasta 1936 para ser aprobados.
La Reforma agraria: para tratar de resolver el problema de la tierra el gobierno provisional ya había adoptado una serie de medidas de urgencia como la Ley de Laboreo forzoso o la jornada de ocho horas para los trabajadores agrícolas, pero la verdadera reforma vendrá con la aprobación de la Ley de Bases para la Reforma Agraria (1932), que permitía la redistribución de la propiedad agraria mediante la expropiación de tierras de latifundistas con o sin indemnización
(según los casos). Se creó el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) que se ocupaba de las indemnizaciones a los expropiados que las merecieran y de la organización de los asentamientos de los campesinos. Esta ley fue boicoteada por los propietarios, lo que provocó que los repartos de las tierras fueran muy lentos y los campesinos quedaron decepcionados (e incluso ocuparan directamente tierras para acelerar los trámites), por lo que acabó fracasando.
Pero esta política de reformas pronto se va a ganar la oposición de parte de la sociedad española.
Por la derecha pronto contará con el rechazo de amplios sectores de la jerarquía eclesiástica, las élites económicas (grandes propietarios, patronal…) y parte del ejército (el general Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado fallido en agosto de 1932). Estos sectores se organizaron en torno a partidos como el Partido Radical de Alejandro Lerroux que cada vez se inclinó más hacia la derecha, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, fundada en 1933) de José Mª Gil Robles que aglutinó a los sectores monárquicos, católicos y más conservadores, o Renovación Española de José Calvo Sotelo. En el ala más radical cabe destacar los partidos de tendencia fascista como las JONS (Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas) y la Falange Española
(F.E.), fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera.
Por la izquierda, la lentitud de las reformas emprendidas por el gobierno de Azaña, provocó el desencanto y la impaciencia de las clases trabajadoras. Dentro de la CNT, que era el sindicato mayoritario en muchos sectores, se produjo una radicalización de posturas lo que favoreció un aumento de la conflictividad laboral y de las huelgas así como de insurrecciones en el campo. Precisamente una de estas insurrecciones provocará la crisis y caída del gobierno social-azañista. Se produjo en el pueblo gaditano de Casas Viejas donde un grupo de anarquistas se hizo con el control del ayuntamiento y proclamó el comunismo libertario. El gobierno envió a las fuerzas del orden (Guardia Civil y Guardia de Asalto) para acabar con la situación y la cruenta represión que se llevó a cabo (murieron más de 12 personas) produjo el desprestigio de un gobierno que ya acusaba el desgaste de sus 2 años de actuaciones. En este contexto, Manuel Azaña dimitió y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933.
2.3. El Bienio Conservador (1933-1936).
Las elecciones se celebraron el 18 de noviembre de 1933 (las primeras en las que votaron las mujeres). En ellas la izquierda se presentó desunida, mientras que la derecha se presentó en alianzas electorales y organizada.
La victoria fue para los partidos de centro y derecha, aglutinados en torno al Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles, con programas políticos basados en la reforma de la Constitución y de la legislación reformista del periodo anterior. A pesar de ser el partido más votado (115 diputados), la CEDA no recibió el encargo de formar gobierno. La izquierda y el presidente de la República, acusaban a esta coalición derechista de antirrepublicana, fascista y totalitaria. Alcalá Zamora prefirió confiar el gobierno a Lerroux, del Partido Radical.
El nuevo gobierno presidido por Lerroux inició su mandato paralizando buena parte del proyecto reformista del bienio anterior, inaugurando así dos años de gobierno conservador:
o El gobierno concedió presupuesto civil para el culto y el clero católicos. Las órdenes religiosas regresaron a la enseñanza y recuperaron sus bienes confiscados tras la derogación de la Ley de Congregaciones.
o Se revisó la reforma agraria y se devolvieron las tierras expropiadas a la nobleza y se anularon las cesiones de tierras a los campesinos que no las habían cultivado bien. Un decreto de libertad de contratación supuso el descenso de los salarios pagados a los jornaleros.
o En cuanto al ejército, aunque la reforma de Azaña siguió vigente, la cercanía de la oficialidad al gobierno facilitó la amnistía para Sanjurjo y los sublevados de 1932.
o En materia educativa se respetaron los cambios del periodo anterior pero se redujo el presupuesto.
o La derecha española aplicó con rigor su modelo centralista y unitario, paralizó los proyectos estatutarios vasco, gallego, andaluz y se enfrentó con la Generalitat Catalana en diversas ocasiones.
Las elecciones de 1933 y la entrada de la derecha en el gobierno fueron vistas desde la izquierda como el fin de la República y el inicio de un camino hacia una dictadura fascista al estilo italiano y portugués. Esto llevará a la convocatoria de huelgas y manifestaciones en las principales ciudades. Cuando varios ministros de la CEDA entraron en el gabinete de gobierno, la izquierda socialista, junto con anarquistas y comunistas declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se materializó en la proliferación de huelgas y conflictos. Convocaron una huelga general en España el 5 de octubre de 1934, de seguimiento irregular reprimida militarmente por el gobierno al declarar el estado de guerra. La revolución fue especialmente activa en Asturias donde se unieron socialistas, anarquistas y comunistas y se hicieron fuertes tomando ayuntamientos y cuarteles de la Guardia Civil; sitiaron Oviedo y se enfrentaron a las fuerzas del orden. El gobierno envió a las tropas de África (al mando del general Franco) para reprimir la rebelión. La represión fue durísima: más de mil mineros muertos, dos mil heridos y cinco mil detenidos. Paralelamente, en Cataluña, Companys, presidente de la Generalitat, dirigió una insurrección de carácter independentista, que fue reprimida por el Ejército y que tuvo como consecuencia la suspensión del estatuto de Cataluña. Las consecuencias de esta revolución fueron notables y la CEDA aumentó su influencia en el gobierno. Esta presentó un proyecto para modificar la constitución pero este no llegó a ser votado debido a una grave crisis gubernamental que estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción como el del “estraperlo” y la malversación de fondos de varios ministros radicales. En estas circunstancias Gil Robles intentó que le nombraran jefe de gobierno pero Alcalá Zamora se negó y decidió disolver las Cortes y convocar elecciones para febrero de 1936.
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| Detenidos de la Guardia Civíl tras el fracaso de la revolución de octubre en Asturias, 1934 |
2.4. El Frente Popular (febrero-julio 1936).
Para estas elecciones los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en una coalición electoral denominada Frente Popular. La CNT, a pesar de que no firmó el pacto, recomendó a sus afiliados votar a la coalición. El programa común defendía la amnistía para los encarcelados (unos 30.000 presos en
toda España) y represaliados de la revolución de octubre de 1934, a quienes se reintegraría en sus cargos y puestos de trabajo, y la recuperación de la legislación reformista del primer bienio republicano. Por su parte
los partidos de derecha no lograron confeccionar una candidatura única ni establecer un programa consensuado.
El Frente Popular ganó las elecciones por un escaso margen, con el 48% de los votos y Alcalá Zamora fue sustituido en la presidencia de la República por Manuel Azaña el 10 de mayo. El nuevo gobierno frentepopulista, con Casares Quiroga como jefe de gobierno, estuvo formado solamente por republicanos, pero con el respaldo parlamentario socialista.
El nuevo gobierno aplicó el programa electoral: por la ley de amnistía de 21 de febrero se excarceló a más de 30.000 presos políticos; un decreto del 28 de febrero obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos por razones políticas, es decir, por haber participado en la huelga general de octubre; el gobierno de la Generalitat volvió de nuevo a gobernar y se restableció el Estatuto de autonomía. El Frente Popular reanudó la legislación reformista del primer bienio, sobre todo en lo relativo a la Reforma agraria.
CONSECUENCIAS
Esperanzados por las nuevas perspectivas de cambio, los partidos de izquierda, los sindicatos, el socialismo más radical y los anarquistas se lanzaron a una movilización popular: huelgas pidiendo mejoras laborales, ocupación de tierras en Andalucía y Extremadura adelantándose a la legislación. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos empresarios cerraron fábricas y expatriaron capitales; la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política utilizando su llamada “dialéctica de los puños y las pistolas”, como animaba José A. Primo de Rivera. Los enfrentamientos callejeros se acentuaron en esos meses.
La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los sectores político-militares que desde el momento del triunfo electoral de la izquierda estuvieron decididos a organizar un golpe de estado militar contra la República. Al frente del alzamiento y de su organización se puso el general Mola y contó con el apoyo civil de los partidos de derecha: la CEDA, monárquicos, milicias carlistas y falangistas así como también se mantuvieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero las discrepancias entre los conspiradores sobre el régimen político que debía instaurarse tras el golpe hicieron que se fuese retrasando la fecha.
Sin embargo, el detonante que aceleró la insurrección militar sucedía el 14 de julio cuando moría asesinado Calvo Sotelo, líder político de la derecha monárquica.
Siguiendo lo previsto el levantamiento se inició en Marruecos la tarde del 17 de julio de 1936, y al día siguiente, 18 de julio, se extendió a toda la península. El fracaso del golpe de Estado, que no logró triunfar en las principales ciudades españolas trajo una guerra civil de tres años, la victoria de los rebeldes y su prolongación en la dictadura franquista hasta 1975.
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